Empresarios expropiados por Chávez piden volver a operar en nueva apertura petrolera de Venezuela

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A sus 98 años, Vincenzo Scionti sigue hablando de trabajo en Venezuela. No habla de retirarse. Tampoco de vender lo que queda de aquella empresa que construyó durante más de medio siglo junto a su familia y sus socios. Cuando se le pregunta qué haría si recuperara el muelle que levantó en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, vuelve una y otra vez a la misma palabra: trabajar.

Scionti llegó desde Italia a Venezuela con 26 años. Han pasado más de cinco décadas desde entonces y una vida entera quedó asociada al Lago de Maracaibo, a sus embarcaciones y a una actividad empresarial que comenzó mucho antes de que la familia supiera cuál sería el tamaño que tendría la industria petrolera venezolana.

El petróleo era una posibilidad. El servicio era la realidad.

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En el lago había barcos que necesitaban entrar, salir, ser reparados, soldados y mantenidos. Y alrededor de esas necesidades Scionti y sus socios fueron construyendo una operación que terminó incluyendo un muelle, un atracadero y el proyecto de desarrollar un pequeño astillero para reparar barcos, remolcadores y otras embarcaciones. “Había que asistirlo, repararlo, soldarlo, conservarlo”, recuerda en conversación con Bloomberg Línea en la ciudad de Maracaibo.

La conservación, dice, era el secreto. Un barco podía tener 30 o 40 años y seguir navegando si recibía el mantenimiento adecuado.

Aquella idea de construir sobre lo que ya existía terminó convirtiéndose en una empresa familiar de varias generaciones. Pero la operación fue desmantelada después de que el Estado tomara sus activos en 2009, a través de una legislación aprobada por Hugo Chávez para la nacionalización de compañías que tercerizaban servicios para la estatal Petróleos de Venezuela. No fue solamente el muelle: las distintas divisiones de la compañía fueron afectadas y la estructura que la familia había construido durante décadas quedó fragmentada.

“La comunidad fue dividida completamente. Fue repartida en pedazos”, recuerda José Menegaldo, yerno de Scionti y quien fuera abogado de Costa Bolívar Construcciones C.A.

Ahora, casi dos décadas después, el muelle vuelve a estar en el centro de una transformación que puede resultar paradójica: mientras Venezuela intenta atraer capital privado y extranjero para recuperar su industria petrolera, algunos de los empresarios que fueron desplazados de los servicios que sostenían esa industria esperan que el Estado les permita volver a trabajar.

La discusión ya no se limita a cuánto vale un activo perdido. Se trata de quién podrá utilizarlo, quién tendrá que invertir para recuperarlo, quién asumirá los pasivos acumulados durante años y cómo convivirán los nuevos operadores petroleros con los antiguos propietarios de la infraestructura que necesitan para producir.

El caso de Costa Bolívar concentra buena parte de esas preguntas.

El muelle de Scionti continúa registrado a nombre de sus propietarios, según explican sus representantes. Pero después de la expropiación pasó al control de Pdvsa y posteriormente estuvo vinculado a la operación de la rusa Gazprom. Hoy forma parte del entorno operativo de PetroZamora, la empresa mixta que es operada por North American Blue Energy Partners (NABEP).

PetroZamora, que opera campos de la Costa Oriental del Lago, ya estaba bajo participación de NABEP antes del nuevo acuerdo anunciado en agosto entre Venezuela, Estados Unidos y la compañía. Datos publicados en junio situaban su producción en 104.000 barriles diarios en abril de 2026.

El 31 de agosto, NABEP anunció un acuerdo con Estados Unidos que contempla una inversión cercana a US$100.000 millones y el desarrollo de reservas venezolanas, mientras que Reuters reportó que la compañía asumirá operaciones de varios campos anteriormente vinculados a empresas rusas y chinas.

Para los Scionti, el nuevo escenario no elimina su reclamación. La vuelve más urgente.

Costa Bolívar no era solamente el muelle que hoy ocupa PetroZamora. En su momento de mayor expansión, la compañía llegó a manejar unas 1.300 personas directamente y alrededor de 5.000 trabajadores indirectos, según Menegaldo. La operación incluía embarcaciones, tres diques flotantes, gabarras, grúas, lanchas para transporte de personal, talleres, una planta de concreto y una estación de combustible.

También tenía negocios que quedaron fuera de lo que originalmente debía ser afectado por la legislación petrolera de 2009. Una planta de asfalto en Ciudad Ojeda producía unas 380 toneladas por hora; otra división operaba una planta de trituración y agregados en Trujillo, mientras que la compañía había creado uno de los primeros centros de manejo de desechos peligrosos de Venezuela para tratar lodos y aguas aceitosas provenientes de la actividad petrolera.

Las tres divisiones fueron tomadas junto con el resto de los activos.

La planta de asfalto desapareció. La de agregados quedó prácticamente inoperativa y el centro de manejo de desechos está actualmente invadido, según Menegaldo. De toda aquella estructura, el muelle es el único activo que mantiene una operación petrolera.

La historia se repitió en decenas de compañías.

En 2009 fueron alrededor de 72 las empresas afectadas por la legislación de expropiación impulsada durante el gobierno de Chávez para tomar el control de actividades conexas a la industria petrolera. Algunas recibieron posteriormente pagos parciales por sus activos. Otras no recibieron nada.

Son estas últimas las que ahora intentan organizarse.

Menegaldo calcula que unas 40 compañías, principalmente de Maracaibo y de la Costa Oriental del Lago, mantienen reclamaciones pendientes y se han agrupado para exigir que la nueva Ley de Hidrocarburos produzca un efecto concreto sobre sus propiedades.

La ley derogó el marco legal que sustentó las expropiaciones, pero el reglamento posterior no estableció, según los empresarios, un mecanismo específico para revertir aquellas ocupaciones ni definió qué ocurrirá con los activos que permanecen bajo control estatal o de nuevos operadores.

Ese vacío es ahora el principal obstáculo.

“Si la ley fue derogada, se supone que la propiedad vuelve a nosotros”, plantea Menegaldo. La intención, insiste, no es paralizar la producción petrolera. Si el operador actual necesita utilizar el muelle, una alternativa sería reconocer la propiedad, establecer un alquiler o acordar alguna forma de compensación.

El problema es que, después de…